Derecho Administrativo
Los ciudadanos, las empresas y las colectividades, en sus relaciones con la administración pública, pueden ver afectados sus intereses, por ejemplo ante la negativa de reconocimiento de sus derechos, por el incumplimiento de las normas a las que deberían someterse las autoridades, por actuaciones y operaciones administrativas o por contratos administrativos que generan pérdidas a las personas o también por procesos sancionatorios, disciplinarios o fiscales que en ciertas ocasiones les imponen multas injustas.
Nuestra oficina lo puede representar en todo tipo de actuaciones administrativas, incluyendo las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria, presentando descargos, solicitando la practica de pruebas y formulando los recursos que procedan. Derecho de petición en interés particular o general, o en la modalidad de consulta. Solicitud de reconocimiento de silencio administrativo positivo. Solicitud de revocatoria directa de actos administrativos. Representación del cliente en procedimientos administrativos de cobro coactivo. Solicitud de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades.
En el tema de litigios, lo representaremos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando existan controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Asumiremos la defensa de sus derechos, entre otras, en los siguientes juicios:
• Procesos que tengan como finalidad la declaratoria de Responsabilidad del Estado.
Asumiremos la defensa de sus derechos y lo representaremos judicial y extrajudicialmente cuando usted o personas cercanas, padezcan un daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado, de una entidad pública o de un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En los casos en que el daño antijurídico afecte a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, podemos adelantar una Acción de Grupo con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo.
Los principales casos de responsabilidad estatal que nuestra oficina adelanta y que estamos en capacidad de atender se refieren a:
• Procesos derivados del ejercicio de la Acción electoral.
Contamos con personal calificado para ejercer su representación o defensa, como demandado o demandante, en procesos cuya finalidad sea la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden; e igualmente en los juicios encaminados a la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
• Procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional.
Es sabido que el ordenamiento jurídico Colombiano ha dispuesto una distribución dual de las competencias de juzgamiento en materia laboral, que depende esencialmente del carácter contractual o estatutario en que se sustente la relación laboral, así: una jurisdicción ordinaria, cuya cabeza es la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con jueces especializados en el ámbito laboral a quienes se les asigna competencia para resolver los conflictos laborales de todos los trabajadores privados y de los trabajadores oficiales, que regularmente están respaldados en un contrato laboral. Y una jurisdicción contencioso administrativa que tiene asignada la competencia para dirimir los conflictos laborales que están soportados en una relación legal y reglamentaria, como es la propia de los empleados públicos, sujeta para estos efectos a los procedimientos y formalidades propias del control de legalidad de los actos de la administración pública.
Ante la jurisdicción contencioso administrativa, nuestros abogados defenderán y reclamarán sus derechos derivados de relaciones de trabajo de carácter público, cuando ellos sean desconocidos o vulnerados por entidades públicas.
• Acciones contractuales.
Nuestro amplio conocimiento y experiencia en materia procesal y contratación estatal, nos permite defender sus derechos ante la jurisdicción contenciosos administrativa, solicitando que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, podemos solicitar en su nombre la liquidación judicial del contrato estatal cuando esto no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
• Procesos Ejecutivos
Lo representaremos judicialmente cuando se pretenda la ejecución con títulos ejecutivos derivados de un contrato estatal, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales.
• Conciliaciones administrativas para agotar el requisito de procedibilidad.